El Gobierno de Rafael Correa "restringe en la práctica" las libertades de expresión y de prensa garantizadas por la Constitución de Ecuador, denunció hoy el Departamento de Estado de EEUU en su informe sobre Derechos Humanos de 2010.
La relación entre la prensa ecuatoriana y el Gobierno "continuó deteriorándose" en el último año, y hubo "denuncias de censura indirecta y autocensura" en los medios, señala el informe por países publicado hoy.
"Los ataques legales y verbales contra la prensa por parte del presidente Correa y su Gobierno continuaron durante este año", apunta el texto, y añade que "varios conocidos comentaristas políticos de radio y televisión" dimitieron en 2010, atribuyendo sus decisiones a la "presión gubernamental" sobre sus medios.
El informe indica que, en general, los individuos pueden criticar al Gobierno en público sin consecuencias, aunque sigue siendo ilegal "insultar o amenazar al presidente Correa o la rama ejecutiva", un delito castigado con penas de seis meses a dos años o una multa de hasta 77 dólares.
Los medios independientes se mantuvieron "activos" y expresaron "una amplia variedad de opiniones" en 2010, según Estados Unidos.
No obstante, se produjeron 151 casos de acoso -amenazas, ataques o arrestos- contra periodistas u otros representantes de los medios, según la organización Red de Supervisión de Amenazas a la Libertad de la Prensa, citada en el texto.
"El presidente Correa usó regularmente su mensaje televisado y radiado semanal y otras apariciones públicas para criticar a los medios, cuestionar su competencia y profesionalismo, y acusarlo de sesgo, mencionando a menudo a periodistas y medios en concreto", continúa el informe.
Varios periodistas e individuos involucrados en asociaciones locales de prensa, agrega, informaron de que "los ataques verbales 'sistemáticos' de Correa contra la prensa crearon un ambiente hostil para los periodistas", que en muchos casos les llevó a practicar la autocensura.
Según el Departamento de Estado, el Gobierno pidió "regularmente" a las cadenas y emisoras que emitieran mensajes del presidente y otros líderes, que "interferían en la programación pagada" por cada medio.
Durante el intento de golpe militar contra el presidente Correa el 30 de septiembre de 2010, "el Gobierno forzó a todas las cadenas a emitir los contenidos del canal gubernamental a lo largo de unas seis horas, lo que eliminó virtualmente toda cobertura independiente durante la crisis", asegura la agencia federal estadounidense.
En cambio, Estados Unidos no observó "ninguna restricción gubernamental" en lo que se refiere al acceso a Internet.
En general, el informe anual del Departamento de Estado señaló varios problemas de derechos humanos en Ecuador, entre los que destacó casos de "uso excesivo de la fuerza y la impunidad por parte de las autoridades policiales".
Alertó también sobre "el alto número de detenidos a la espera de juicio y la corrupción y ausencia del debido proceso en el sistema judicial ecuatoriano".
Por último, recordó los problemas de discriminación al que hacen frente las mujeres, los indígenas y los afroecuatorianos, y señaló que se mantienen las denuncias por explotación de mano de obra infantil y el tráfico de personas. EFE
La relación entre la prensa ecuatoriana y el Gobierno "continuó deteriorándose" en el último año, y hubo "denuncias de censura indirecta y autocensura" en los medios, señala el informe por países publicado hoy.
"Los ataques legales y verbales contra la prensa por parte del presidente Correa y su Gobierno continuaron durante este año", apunta el texto, y añade que "varios conocidos comentaristas políticos de radio y televisión" dimitieron en 2010, atribuyendo sus decisiones a la "presión gubernamental" sobre sus medios.
El informe indica que, en general, los individuos pueden criticar al Gobierno en público sin consecuencias, aunque sigue siendo ilegal "insultar o amenazar al presidente Correa o la rama ejecutiva", un delito castigado con penas de seis meses a dos años o una multa de hasta 77 dólares.
Los medios independientes se mantuvieron "activos" y expresaron "una amplia variedad de opiniones" en 2010, según Estados Unidos.
No obstante, se produjeron 151 casos de acoso -amenazas, ataques o arrestos- contra periodistas u otros representantes de los medios, según la organización Red de Supervisión de Amenazas a la Libertad de la Prensa, citada en el texto.
"El presidente Correa usó regularmente su mensaje televisado y radiado semanal y otras apariciones públicas para criticar a los medios, cuestionar su competencia y profesionalismo, y acusarlo de sesgo, mencionando a menudo a periodistas y medios en concreto", continúa el informe.
Varios periodistas e individuos involucrados en asociaciones locales de prensa, agrega, informaron de que "los ataques verbales 'sistemáticos' de Correa contra la prensa crearon un ambiente hostil para los periodistas", que en muchos casos les llevó a practicar la autocensura.
Según el Departamento de Estado, el Gobierno pidió "regularmente" a las cadenas y emisoras que emitieran mensajes del presidente y otros líderes, que "interferían en la programación pagada" por cada medio.
Durante el intento de golpe militar contra el presidente Correa el 30 de septiembre de 2010, "el Gobierno forzó a todas las cadenas a emitir los contenidos del canal gubernamental a lo largo de unas seis horas, lo que eliminó virtualmente toda cobertura independiente durante la crisis", asegura la agencia federal estadounidense.
En cambio, Estados Unidos no observó "ninguna restricción gubernamental" en lo que se refiere al acceso a Internet.
En general, el informe anual del Departamento de Estado señaló varios problemas de derechos humanos en Ecuador, entre los que destacó casos de "uso excesivo de la fuerza y la impunidad por parte de las autoridades policiales".
Alertó también sobre "el alto número de detenidos a la espera de juicio y la corrupción y ausencia del debido proceso en el sistema judicial ecuatoriano".
Por último, recordó los problemas de discriminación al que hacen frente las mujeres, los indígenas y los afroecuatorianos, y señaló que se mantienen las denuncias por explotación de mano de obra infantil y el tráfico de personas. EFE
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